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PROPUESTA PARA MODIFICAR DECRETO QUE REGULA EL TRANSPORTE ESPECIAL

Redacción Colombiabus – William Marroquín

25 DE FEBRERO FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OBSERVACIONES

Este año 2021 será fundamental en términos de regulación para el transporte de pasajeros, pues se vienen reformas al marco normativo que va desde los modos de prestación de los servicios, pasando por las terminales, los procesos de homologación y certificación de los autobuses que se venden en el país e incluso las equivalencias en los vehículos, que es lo que se conoce como «clases» o «grupos» de acuerdo con la capacidad.

El Gobierno quiere hacer esa actualización de las normas, lo que generará un trabajo importante de consultas, nuevas definiciones y ajustes a lo existente. En el aspecto de los modos de prestación de servicios (intermunicipal, especial y mixto), la normatividad quedó compilada en el Decreto Único Reglamentario del Sector 1079 de 2015. Por eso este documento seguramente recibirá una serie importante de ajustes que ya comenzaron, con lo que se propone para el servicio especial, especialmente para ayudar con su recuperación, dada la magnitud de la afectación que ha recibido por la pandemia, buscando dar alivios a los actores de la modalidad.

Se proponen varios cambios al Decreto 1079, entre los cuales se pueden mencionar:

  1. Ampliación del término de tiempo de uso por tres (3) años adicionales para vehículos matriculados con anterioridad a la declaratoria de Emergencia Sanitaria declarada tras la pandemia ocasionada por el COVID-19.
  2. Nuevos aspectos para los contratos en los servicios de transporte escolar y usuarios de la salud.
  3. Mejorar los convenios de colaboración empresarial para mejorar oferta de servicios.
  4. Definir nuevos términos para que las empresas nuevas en la modalidad, obtengan su capacidad transportadora.
  5. Ampliar el plazo para el vencimiento de los certificados de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, mientras permanezca la pandemia.
  6. Permitir que los vehículos que operan bajo contratos de Leasing o Renting sean incluidos como propiedad de las empresas para dar más flexibilidad.
  7. Incluir como causal de desvinculación del contrato del vehículo con una empresa, su tiempo de uso.
  8. Eliminar las restricciones para pasar los vehículos del servicio especial al mixto y establecer unos términos para realizar el cambio.
  9. Permitir que la renovación de las tarjetas de operación mientras dure la pandemia, se puedan tramitar sin necesidad de la copia de los contratos de prestación del servicio que se vayan a ejecutar.
  10. Ajustar los procesos relacionados con la desintegración física de los vehículos.
  11. Redefinir la figura del cambio de servicio para los vehículos y propietarios que se retiren de la modalidad, reduciendo su impacto económico.

Los que deseen presentar sus comentarios, sugerencias y objeciones a la modificación propuesta, podrán hacerlo enviando su requerimiento a la dirección de correo electrónico: jcely@mintransporte.gov.co

También podrán consultar y descargar tanto el proyecto de modificación del Decreto 1079 en lo relacionado con transporte especial y la justificación del gobierno para realizar los cambios:

SUPERTRANSPORTE ABRIÓ INVESTIGACIÓN A TERMINALES DE SOCORRO Y QUIBDÓ

Redacción Colombiabus – Supertransporte

PODRÍAN SER MULTADAS HASTA CON 700 SMMLV

Por presuntamente no estar cumpliendo con el reporte de información para la verificación de los protocolos de bioseguridad y algunas de las medidas sanitarias, la Supertransporte abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de la Terminal de Transportes del Socorro S.A. y el Centro Empresarial del Transportes Terminal de Quibdó S.A.S.

La Supertransporte realizó diferentes requerimientos a través de los cuales promovió el acatamiento de los protocolos de bioseguridad, luego de lo cual solicitó a los administradores de las terminales de transporte la información y los soportes que permitieran supervisar y evidenciar la implementación de las acciones tendientes a dar cumplimiento permanente a las medidas sanitarias ordenadas por las diferentes autoridades nacionales.

Al respecto, la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura evidenció que el Centro Empresarial de Transportes Terminal de Quibdó S.A.S. y la Terminal de Transportes del Socorro S.A.S., presuntamente habrían desatendido algunos requerimientos de información y de implementación de medidas de bioseguridad, con lo cual no solo se estaría obstaculizando la labor de supervisión que en este sentido adelanta la Supertransporte, sino que se compromete el beneficio que esta labor representa para el sector en general y, puntualmente.

Asimismo, se advierte que aun cuando la Superintendencia de Transporte puso a disposición de las terminales de transporte terrestre medios tecnológicos a través de los cuales pueden suministrar la información que, además de permitirles realizar autogestión y control de cumplimiento de las medidas de bioseguridad, también es utilizada por la entidad para realizar la verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad exigidas, las mencionadas terminales estarían incumpliendo con esta obligación.

En el aplicativo web SASPRO implementado por la Superintendencia de Transporte, las terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros habilitadas en el país encuentran, en un solo formulario, las obligaciones que están vigentes en materia de bioseguridad que se deben cumplir. Esto les permite gestionar en línea, de forma metódica y con seguridad jurídica, el cumplimiento de las directrices emitidas por el Gobierno Nacional para prevenir y mitigar la expansión del COVID-19.

Por lo anterior, la Superintendencia de Transporte encontró méritos para abrir investigación y formular pliegos de cargos en contra del Centro Empresarial de Transportes Terminal de Quibdó S.A.S. (Chocó) y la Terminal de Transportes del Socorro S.A.S. (Santander). Cabe aclarar que en este tipo de imputaciones, no procede ningún recurso que puedan imponer las terminales, aunque sí se garantizará el debido proceso. No obstante, si se comprueba su responsabilidad, las sanciones económicas podrían llegar hasta los 700 SMMLV (Salarios mínimos mensuales legales vigentes).