SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL PARA LOS CARROCEROS
Editorial Revista Latinobus – Número 49
Durante décadas, la construcción de carrocerías para autobuses en nuestro país, estuvo regida por una normatividad bastante básica, cuyos
términos aparecían en la resolución 7126 del Ministerio de Transporte, texto que determinaba algunas de las características básicas de diseño, como alturas, longitudes y espacios para pasajeros. Asimismo, los procesos de homologación de los diferentes modelos de buses ante los entes de control, eran sencillos procedimientos de documentación mediante fichas técnicas y planos.
Esta simpleza facilitaba la proliferación de fabricantes y tipologías, situación que si bien diversificó la industria local, limitó las características de seguridad de los vehículos en los que nos transportamos durante el siglo pasado. Por ello, con el nuevo milenio, llegó también una nueva discusión técnica que dejó en manos de entes normativos como el Icontec y sus comités de expertos, la elaboración de una norma que permitiría acercar los procesos productivos al estándar internacional, mediante la implementación de pruebas, ensayos y condiciones de construcción que garantizaran la ergonomía, comodidad, habitabilidad y sobre todo, la superviviencia de los viajeros en caso de accidente.
Aunque la norma NTC 5206 aparecería en 2009, sólo hasta 2015 la resolución 3753 del Ministerio de Transporte regularía su implementación, y dejaría en claro cuál sería el procedimiento de homologación de carrocerías en Colombia. Desde un principio quedó claro que las certificaciones debían ser realizadas en un laboratorio, por un ente especializado externo a las carroceras. Pero también se evidenció que no existía en el país quien hiciera este proceso, y que mientras no hubiese las condiciones de verificación, serían los propios fabricantes quienes presentando evidencia, demostrarían el cumplimiento de la norma generando avales de “primera parte”, limitando esta práctica hasta el 30 de Junio de 2022.
El tiempo pasó, la fecha se avecina y la realidad poco cambió; llegó la Hora de que sean otros quienes homologuen y certifiquen, pero lo cierto es que sólo hay un laboratorio disponible para efectuar el proceso y su costo supera enormemente las capacidades económicas de los fabricantes nacionales, que a pesar de haber invertido enormes sumas de dinero en transformación productiva y capacitación (y estar listos para poner sus vehículos a prueba con la certeza de aprobar los exigentes tests), no cuentan con los recursos para pagar a un tercero el aval para matricular sus vehículos, para construir una carrocería que al final de cuentas será destruida en los ensayos, ni para comprar el chasís correspondiente a cada análisis, exigido para poder lograr el visto bueno con todas las de la ley.
Si no se logra un acuerdo entre los fabricantes y las autoridades de control, la realidad es que a partir del segundo semestre de 2022 todas las homologaciones vigentes perderían validez, y ante la ausencia de recursos y disponibilidad limitada de laboratorios, prácticamente que sería imposible matricular autobuses nuevos.
Hay más patas que le nacen al cojo: Si llegase a homologarse un producto durante 2022, la entrada en vigencia de la norma Euro 6 desde el 1 de enero de 2023, haría perder validez a cualquier proceso de certificación, pues la mayoría de chasises cambiarán con la nueva disposición ambiental; lo peor, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene en su agenda, la actualización de la norma sobre la cual se hacen los procesos de homologación, lo que obligaría a repetir el proceso de nuevo a mediados de 2023.
Pasamos de la laxitud al festival del complique, que al final de cuentas, sólo se llevará por delante a los empresarios de la industria y las familias que viven de ella, si no se llega a un acuerdo con el gobierno. ¿Nos volvimos mas papistas que el papa?
